La falta de seguridad jurídica en el Ecuador es un tema antiguo que se agudiza cada vez más por la inoperancia de los medios de control del Estado y de la Sociedad Civil. Lamentablemente, la inseguridad invade cada vez más la esfera pública y privada en detrimento de los contratos privados y cualquier otra modalidad de compromiso entre partes interesadas. El comportamiento ético se pervierte. La moral se relativiza. Los valores se materializan. El positivismo puro y frio se afianza.
Las acusaciones de corrupción se producen a diario y cada vez con mayor intensidad, por las dimensiones de las actividades productivas, más intensas y descentralizadas, y por los flujos de capital, cuyos montos en el mundo global alcanzan dimensiones nunca vistas en la historia de la humanidad.
En países del tercer mundo, la demanda de la India y la China caen como las primeras aguas de verano, por los incrementos de precios en productos agrícolas y petróleo. El Estado incrementa sus ingresos y el populismo aflora. Los nuevos ricos pululan. Algunos gobiernos reviven la experiencia de los años 70, con el incremento de los precios del petróleo: “plata fácil, gasto innecesario”. Otros actúan racionalmente y reducen las distancias con el primer mundo: “de países emergentes se convierten en EAGLES (Emerging and Growth Leading Economies), simplemente, invierten sus riquezas y siembran un futuro mejor y prometedor”
Los contratos y sus disposiciones, caminan por un lado y la aplicación de la justicia camina con su propio ritmo e intereses por el otro. Aquello de que los términos y condiciones de un contrato son considerados ley para las partes ha quedado en la pura teoría, cuando la doctrina y la ley caminan por rumbos distintos de la correcta aplicación de la justicia. El concepto de justicia mismo ha degenerado en un total y completo relativismo, donde el parentesco, la amistad, las influencias, los intereses creados, el poder político, y otros factores, condicionan para cada caso individual la interpretación y aplicación de la ley. Lo particular prima sobre lo general y las excepciones priman sobre la regla, y la sociedad civil muere de fatiga y dolor en el “peladero judicante”.
La descomposición moral de la sociedad civil se acentúa y la sociedad política se contamina y ambas repotencian la corrupción de la justicia, ya que las prácticas y procedimientos aplicados salen totalmente fuera de la institucionalidad formal, configurándose así un verdadero sistema de Insumo-Producto y retroalimentación eficiente, para el perfeccionamiento “cultural” de la corrupia corrupta. A la larga, la sociedad civil se sacrifica, se autoinmola.
En otro ámbito, respecto de la finalidad y operatividad de los contratos, en términos comerciales y económicos en general, la moda vigente consiste en buscar a toda costa y por todos los medios la caducidad de los mismos, antes que superar las posibles y normales controversias que se pueden suscitar en toda práctica comercial o financiera.
La práctica del arranche se impone y los bienes ajenos son codiciados con especial empeño.
Todo contrato es un instrumento convencional en función de una actividad humana que debe regularse, conforme a los términos y condiciones previstas en la ley, y de acuerdo al interés y conveniencia de las partes. Un contrato comercial, por ejemplo, pretende fijar los términos y condiciones generales y de conveniencia, en el marco de la ley, para que las partes realicen sus respectivos objetivos utilitarios, dando origen a la celebración del contrato y aplicación de los términos de conveniencia. En consecuencia, toda controversia o conflicto debería superarse en defensa y protección de los objetivos de las partes y no en interés de abogados, jueces y personal de los juzgados, o de alguna autoridad o poder político interesado.
Apelamos con vigor al slogan de campaña de Clinton: “Se trata de la economía estúpido, de la economía”.
En tal virtud, la vigencia y respeto de los contratos constituye uno de los principales pilares y sustento de nuestras democracias liberales representativas, pero como bien lo explica el Dr. Fabián Corral:
“Es uno de los principios más enunciados pero menos comprendidos y aplicados. Más aún, constituye una genuina aspiración de la sociedad. Pero, hay quienes dicen que la seguridad jurídica es una excusa para mantener el statu quo, y un argumento para defender privilegios y obstaculizar el cambio” (Fabián Corral, La Seguridad Jurídica. Diario El Comercio, 01 de febrero de 2008).
La seguridad jurídica se mide por la aplicación de la justicia en función del régimen o marco jurídico vigente en nuestras sociedades, y no necesariamente para defender privilegios mediante prácticas corruptas ya denunciadas, o reproducir relaciones de poder. Un régimen de derecho y vivir bajo un régimen de derecho, puede traer o no consecuencias perversas dependiendo del uso que se de al ordenamiento jurídico. Se trata más bien de la “cultura jurídica”, sustentada en lo que es éticamente correcto, la que moldea un comportamiento justo como antesala y sustento del ordenamiento jurídico. De no ser así, no tendría sentido aspirar a un verdadero régimen democrático, llámese democracia británica, parlamentaria o presidencialista, representativa o directa. Tampoco tendría sentido un régimen socialista, comunista o populista, puesto que, lo pervertido pervierte.
En consecuencia, atacar o condenar la norma per se o al orden jurídico per se no tiene sentido, puesto que la bondad del instrumento depende del uso del instrumento. Un bisturí no es un instrumento bueno o malo per se, y su uso y resultados dependen de la formación, experiencia y capacidades del médico; de su capacidad técnica y científica para sanar, y de su predisposición para hacer el bien.
En cuanto al aspecto doctrinario, la seguridad jurídica es un tema de producción reciente en los textos ecuatorianos, pero el problema no solamente se origina ahí. Sin embargo, el concepto podría estar mil veces consagrado y definido en la constitución y cuerpo de leyes, pero no habrá seguridad jurídica mientras no se valore y se interiorice el valor de la seguridad jurídica. Al respecto, por ejemplo, la existencia y reconocimiento de un derecho no necesariamente implica el goce pleno de ese o esos derechos, especialmente en el ámbito de los derechos económicos y sociales, ya no se diga en el ámbito de la administración general de la justicia. Se trata entonces del goce efectivo de un derecho y no del reconocimiento de un derecho. Se trata de sustentar, reconocer, implementar y aplicar la norma, y no de formularla simplemente.
Concuerdo plenamente con el Dr. Fabián Corral cuando afirma que:
“La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley” (Fabián Corral, La Seguridad Jurídica. Diario El Comercio, 01 de febrero de 2008)
De acuerdo. Pero el problema no radica solamente en la existencia o elaboración de las leyes, sino más bien en el análisis perverso del costo-beneficio por infringir la ley o aplicar criterios equivocados para beneficiar una de las partes, “interpretando” la ley. Nuevamente, regresamos al concepto de ciudadano “virtuoso” del que hablaba Montesquieu para que un sistema de equilibrio de poderes funcione y una existencia plena en derecho se haga realidad; “Creer en el estricto cumplimiento y apego a la ley”.
En definitiva, es la ética de la sociedad civil el sustento moral de la sociedad política o sistema político-administrativo, y eso incluye al poder judicial, como uno de los principales poderes del Estado.
HARRY MARTIN ANTONIO DORN HOLMANN
Director Académico de Carrera
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales
Universidad de Los Hemisferios
Paseo de la Universidad Nro. 300 y Juan Díaz (Urbanización Iñaquito Alto) (5932) 17008436473 (Ext.224)
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