lunes, 25 de abril de 2011

Elecciones Perú: ¿Cáncer Versus Sida?

Marcos Villasmil (Venezuela)

1) Como se esperaba, en el caso de la primera magistratura no ha habido candidato que obtuviera la mayoría absoluta, por lo tanto habrá una segunda vuelta en junio. Ha quedado, sin embargo, el peor escenario posible: Ollanta Humala contra Keiko Fujimori.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS ELECCIONES

2) En la elección congresional, había 1518 candidatos -921 hombres, 597 mujeres- que se disputaron los 130 curules que forman la cámara de diputados. Sea quien sea el nuevo presidente, estará en evidente minoría en el parlamento unicameral; pero, por otra parte, tendrá una oposición muy dividida, sin partidos realmente fuertes.

Dentro de un universo de casi 20 millones de electores, los menores de 29 años –oficialmente, los votantes jóvenes- eran 6.410.189, un tercio del electorado. De ellos, 3.455.000 eran primeros votantes. Hay una particularidad generada por la legislación peruana: 41 adolescentes de 17 años, y 2 de 16 años pudieron sufragar, por haber contraído matrimonio o por haber obtenido ya un título oficial.

3) La campaña electoral ha sido bastante trivial, escasamente motivadora, y con pocas dosis de imaginación. Así, el escepticismo y la duda han prendido en muchos electores.

4) Dos características llaman inmediatamente la atención en estas elecciones peruanas. La primera, que el partido de gobierno, el antiquísimo APRA, no presentó al final candidato presidencial, solo candidatos al parlamento (sin tener todavía los resultados parlamentarios finales, parece ser que el partido de Alan García salió muy mal). La verdad es que sí postuló candidato, la ex-ministra de economía Mercedes Aráoz, quien los dejó con la bola en la mano, renunciando a la candidatura el pasado enero por diferencias sobre la conformación de las listas electorales (en su opinión, al parecer habría más de un candidato aprista que más que currículo lo que tenía era prontuario). La segunda, que los candidatos presidenciales que podrían considerarse como representantes de las tendencias más democráticas y modernizadoras, eran no uno o dos, sino tres: Alejandro Toledo (ex-presidente que buscaba la reelección), Pedro Pablo Kuczynski (ex-ministro) y Luis Castañeda (ex-alcalde de Lima). Así no se puede. Una tendencia desgraciadamente muy vista en nuestra historia latinoamericana: la división y la incapacidad de coaligarse de los demócratas le abre paso a demagogos y antipolíticos, como Humala o Fujimori.

5) La clase política peruana, como en muchos otros países, no parece estar a la altura de sus ciudadanos, de los retos de la postmodernidad, de las sociedades complejas del nuevo milenio.

El sistema político, en especial sus partidos, sigue estando poco estructurado, fragmentado, e incluso para la definición de los respectivos liderazgos los partidos no juegan un papel fundamental. Es, la peruana, una variedad de democracia que requiere profundas dosis de institucionalización. Como ha editorializado hoy lunes 11 El Comercio: “Es fundamental para la estabilidad institucional constituir un sistema de partidos con estructuras democráticas, donde se les abra espacio a los jóvenes que son portadores de nuevas ideas y experiencias. (…) La falta de educación cívica y de partidos institucionalizados aparece, nuevamente, como el talón de Aquiles de nuestro sistema democrático.”

UNA NOTA TÉCNICA

6) Sirve esta elección peruana para resaltar, por comparación, algo que he dicho anteriormente y que no me cansaré de repetir: el modelo de elección presidencial venezolano (el llamado "Plurality Voting" o voto mayoritario) debe ser reemplazado. Es injusto e ilegítimo (sólo funciona con dos candidatos), permitiendo en casos en que exista una muy variada cantidad de candidatos, un ganador con porcentaje muy bajo.

Imagínate por ejemplo lo siguiente: si en Perú tuvieran el modelo de elección venezolano, Ollanta Humala, sin necesidad de segunda vuelta, y aparentemente con menos de un 30 por ciento del electorado, sería ya el presidente del país.

¿CÁNCER VERSUS SIDA?

7) Mario Vargas Llosa, ante la eventualidad de que se produjera un resultado con Ollanta Humala compitiendo en segunda vuelta contra Keiko Fujimori, consideró que el mismo sería equivalente a tener que escoger entre sufrir de cáncer o contraer sida.

Lo cierto es que si había en la carrera dos candidatos con características antipolíticas acentuadas, ellos eran la Fujimori y Humala. La primera, porque su aval mayor para entrar en política es ser la hija y llevar el apellido del más reciente caudillo antipolítico del Perú, hoy preso. Un hombre que quiso eternizarse en el poder y que terminó huyendo al Japón de sus ancestros, para luego negociar su retorno y enfrentar la justicia peruana. Humala, más allá de sus promesas de no ser como Chávez, de haber madurado, de que en su gobierno no se afectarían los avances sobre todo económicos logrados por su país en lo que va de siglo XXI, no puede negar, al igual que su querido amigo, su pasado como golpista, su inexperiencia absoluta en el ejercicio de una función pública, y su nacionalismo ponzoñoso.

Vargas Llosa, recordando hoy lunes 11 una frase famosa de su novela Conversación en la Catedral, “cuándo se jodió el Perú”, afirmó: “hay la posibilidad de que ahora se joda bien.”

Los peruanos han hablado. Falta la segunda vuelta. Que Dios los ilumine, porque ellos mismos, solitos, sin ayuda ni influencia de nadie, se han colocado en el dilema en que se encuentran.

Amid Global Crises, Can Obama Make A Real Impact In Latin America?


The Brookings Institution de Washington DC.

President Obama’s tour of Latin America, including visits to Brazil, Chile and El Salvador, starts this weekend. This visit is unlikely to constitute a historical watershed.


Throughout his visit, Obama may confront issues far removed from Latin America. Fittingly, or ironically, Latin America has not been a priority for U.S. foreign policy in recent years. From a national security standpoint, there are a few exceptions, such as two important countries Obama will not visit, namely Colombia and Mexico, where narco-violence has attracted U.S. focus. Yet, that almost sums up the extent of U.S. foreign policy priorities vis-à-vis the continent so far.


But, this presidential visit ought not go to waste. President Obama chose Chile, not the Brazil powerhouse, or Argentina (a G-20 member that Obama will not visit), to publicly address the Latin American region. On the world stage, Chile, which is not in the G-20, is considered a modest country.


In this regard, one can draw similarities to Obama choosing Ghana over Kenya or Nigeria for his address to Sub-Saharan Africa when he visited that region.


Obama will undoubtedly go through the motions and raise issues that the U.S. and Chile have been working on for some time, including educational training, intellectual property rights, narcotics control, innovation, visa waivers, and the Trans-Pacific Partnership (TPP) trade negotiations with Asian partners. More generally, in light of the current reality in Chile, and the major crises unfolding around the world, Obama may want to deviate some from his official script.


For starters, departing from practices by some in the past, Obama should treat Latin Americans and the Chilean leadership as equals. After all, in spite of the superpower gap, Chile and the U.S. exhibit some striking similarities in their achievements and challenges. For example, Chile is no longer a developing country, but rather a successful emerging economy and a full-fledged member of the OECD. While Chile’s accession to the club of industrialized nations is recent, this commonality brings into stark relief another similarity between both countries: both the U.S. and Chile share a similar quality of governance in most dimensions, as we see in Figure 1.

For instance, among over 210 economies around the world, on Government Effectiveness, Chile ranks 31st and the U.S. 24th; on Regulatory Quality, Chile rates 14th and the U.S. 23rd; and on Control of Corruption, Chile rates 23rd in the world and the U.S. 32nd. On Voice and Democratic Accountability, the United States rates somewhat above Chile, while the converse is true for Political Stability/Absence of Major Violence/Terror. Both countries have serious challenges regarding security and safety. In Chile, this is due to high levels of common crime stemming partly from inequality. In the United States, the high homicide rate is partly due to ubiquitous availability and use of guns, which puts at risk high-level politicians.

The fact that the United States’ quality of governance is not superior to that of Chile ought to be seen as evidence of Chile’s progress over the past couple of decades, and as a sobering reminder to the U.S. that it is not a model country on governance. Model countries, such as Scandinavian economies and New Zealand, should serve as symbols for Chile and the U.S. of what is attainable.


Besides governance, Chile and the United States have commonalities and differences. Both countries have relatively deficient educational systems in dire need of bold reform (though even more so in Chile). Over the past decade, Chile has done much better than the U.S. in macro-economic management, sustaining fiscal stability and maintaining the integrity of its financial sector. Conversely, Chile has much to learn from the U.S. regarding technological innovation.


Another common trait is self confidence. Polls suggest that citizens in Chile, Israel and the U.S. tend to have very high self-esteem, while people in Japan, South Korea and Switzerland tend to be very humble. Not surprisingly, the current heads of state of Chile and the U.S. also exhibit very high levels of self-confidence. On the one hand, such high self-esteem can create a blind spot to personal and countrywide challenges and shortcomings—both leaders have had low poll ratings recently. On the other hand, such self-confidence, if coupled with boldness and risk-taking, can be a positive force for reform, as witnessed with Obama’s push for health care and financial reform last year and Piñera’s handling of the miners’ rescue.



Undoubtedly, in President Obama’s major public address to Latin America that will take place in Santiago, he will praise Chile’s performance. He would be wise to steer clear of condescending comments on the country and region, and instead focus on the shared achievements and challenges facing the U.S. and Chile. To avoid meddling in internal politics, Obama should not apportion credit for Chile’s achievements to either the current (right-of-center) or past (left-of-center) governments. All Chileans, and every (post-Pinochet) leader, deserves credit for the country’s institutional and growth performance.

The fact is, in contrast to the destructive squabbling between Democrats and Republicans that dominate Washington politics, Chilean politicians, from all parties, even if they disagree on emphasis and details, have shared for years a common agenda on maintaining sound financial and macro-economic policies, sustaining robust growth and poverty alleviation and expanding social safety nets, open markets and good governance.


In his message to the region, Obama should focus on the region’s major constraint to future progress and social peace: glaring inequality. He should not waste this opportunity by speaking at length on the obvious (to Latin Americans) virtues of democracy and protection of human rights. With the exception of Cuba, and notwithstanding the challenges in a few countries like Venezuela and Nicaragua, these are not contentious issues for most every citizen or leader in the region.

The traditional political approach to inequality focuses on inequality of income, access to productive jobs and educational opportunities. It would behoove Obama to suggest that an underlying determinant of economic inequality is political inequality. In Latin America, there is an enormous divide between the powerful elites and the rest of the citizenry. The former wield disproportionate political influence in shaping the laws, regulations and policies—what we have dubbed as “state capture”—and such excessive presence of “elites and business in government” has been a driver of economic inequality. It would be a bold step for Obama to take a fresh approach to inequality and frankly talk about political inequality, vested interests and undue influence of corporate elites. These are particularly sensitive issues not only in Latin America (even in Chile, the otherwise “stellar performer”), but also in the U.S. Not only has economic inequality grown recently in the U.S., but the challenges of undue political influence and money-in-politics have become increasingly damaging, as Obama well knows. By taking this opportunity and talking frankly about economic and political inequality, Obama could move away from what otherwise may be just another public address, into a transformative message on shared achievements and shortcomings and the need for serious political reforms in Latin America and the U.S.

When U.S. presidents travel to countries in an emerging region, with their vast entourage of officials and executives, it is typical to see a focus on partnership agreements (and on vague grandiose pronouncements). Obama's trip to Latin America may be no exception, as illustrated by so many writings on specific “transactional” agreements that may be signed on the visit.


But it is important to keep in mind that such bilateral transactional approach should not come at the expense of a commitment to a few economic and policy fundamentals in the U.S.: establishing truly open markets (to goods, services, ideas and people) into the U.S., prudent fiscal policies to attain macro-economic stability, and making the financial sector more resilient to strive toward sustained growth in the U.S. A pledge by Obama on these fronts, which would entail tackling domestic undue influence by protectionist, as well as Wall Street, vested interests, is likely to have more of a concrete impact on Latin America than a signature of any bilateral transaction or particular partnership with a country in the region.

Chile: Los "Desafíos" De Lagos


Roberto Pizarro.

Economista, Ex Ministro de Planificación Gobiernos Concertación


El Ex Presidente Lagos ha entregado a la opinión pública un interesante documento sobre los desafíos estratégicos que enfrenta nuestro país para avanzar al desarrollo en los próximos años. Sus desafíos no los comparto. Pero, asumo con agrado la convocatoria al diálogo.


La mayor parte del texto se dedica a fundamentar que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, lo que es conocido en la literatura económica, aunque algo olvidado en los últimos años. Lagos hace bien en reiterarlo ya que en nuestro país políticos, empresarios y economistas, unos por convicción y otros por intereses, priorizan el crecimiento y omiten la distribución. Agrega, con razón, que la equidad, en particular una adecuada distribución del ingreso, es condición indispensable del desarrollo.

Lagos, sin embargo, hace un malabarismo cuando sus reflexiones conceptuales aterrizan en Chile. Utilizando la experiencia de los países ricos, sostiene que la preocupación por la distribución del ingreso importa principalmente a partir de los US$ 20.000 per cápita, nivel en que la felicidad tiene una correlación directa con la cohesión social. Con ello intenta salvar a los gobiernos de la Concertación y, sin decirlo, justifica la relevancia que se otorgó al crecimiento y elude el menoscabo que sufrió la distribución en los últimos 20 años.


De allí concluye que ahora es el momento de la distribución. "En esta nueva etapa", con el actual ingreso per-cápita de casi US$ 15.000 "gracias al crecimiento de los últimos 20 años" "un pacto fiscal resulta indispensable para mejorar la distribución del ingreso". Así, mediante un pase de magia, no pone en duda el tipo de crecimiento del pasado y soslaya la responsabilidad de la Concertación en la equidad, entregando al presente el desafío de la distribución.


Mi opinión es distinta. Si el desarrollo no es sólo crecimiento la tarea de la política pública es apuntar en todo lugar y momento- y no sólo a partir de un cierto nivel del ingreso per-cápita- a mejorar la distribución. El argumento que el momento distributivo es ahora, y no antes, no se sostiene. La oposición a Pinochet insistió vigorosamente en ello antes de 1990, pero al convertirse en gobierno renunció a esa tarea; además, no se puede olvidar que el año 2000 el programa de Lagos agitaba el "crecimiento con igualdad", que lamentablemente fue incapaz de llevar a cabo.


La despreocupación por la distribución y el énfasis en el crecimiento durante los gobiernos de la Concertación no sólo concentró la riqueza en pocas manos sino también ayudó que los grandes empresarios se convirtieran en un poder político de facto. Mientras, simultáneamente, crece la delincuencia, se acumula el endeudamiento de los sectores medios, baja la productividad y la desesperanza se transforma en apatía política.

La economía de mercado, con escasas regulaciones, junto a un sistema impositivo regresivo y una política económica conservadora, sin contrapeso sindical ni de los pequeños empresarios y con un Estado frágil, ha entregado a los grupos económicos una influencia dominante en las decisiones nacionales. No es casual que ENADE y el CEP se hayan convertido en interlocutores privilegiados de los presidentes de la nación. Ha sido la política pública, y también su ausencia, las que favorecen esa concentración de la riqueza y el poder político en una minoría.


Comparto la idea de Lagos de aumentar la tributación a las empresas para mejorar la distribución. Pero, como el ex Presidente desconoce la autocrítica, estamos obligados a recordarle que los gobiernos de la Concertación no tuvieron voluntad para aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. En cambio, no dudaron en incrementar el IVA desde 15% al 19%, impuesto regresivo que afecta a los pobres y capas medias; además, Eyzaguirre hizo una pequeña modificación tributaria que significo reducción de la carga para los ingresos más elevados; y, finalmente, el denominado royalty al cobre, escaso para allegar recursos al Fisco, ha dejado preso al Estado para una reforma tributaria a Futuro. Con este legado no le es fácil a la Concertación hacer oposición ante un gobierno de los empresarios.


Al final, entre del decir y el hacer existe una brecha demasiado grande en los políticos de la Concertación. Lo mismo ha sucedido con la idea de aumentar el valor agregado a las exportaciones. Esto se ha convertido en chiste. Está en todos los programas de la Concertación ; Ominami, desde el Ministerio de Economía, habló de una segunda fase exportadora; y, Eyzaguirre hizo una propuesta de clusters para agregar valor a la producción de primarios. Todo ha terminado en nada. Como también terminó en nada la iniciativa del Presidente Lagos de instalar en el valle del Silicon bases de trabajo y acuerdos de entendimiento para potenciar la investigación y desarrollo en la industria de computación.


Por otra parte, para favorecer la equidad no basta con la tributación. Existen otros temas de política pública insoslayables que son fundamento para una sociedad más justa: mejorar la posición negociadora de los trabajadores, apoyo a los pequeños empresarios, políticas para las regiones más desfavorecidas, regulación del sistema financiero, transformación efectiva de la estructura productiva, cuidado del medio ambiente, protección a los consumidores, sistema de pensiones solidario, educación y salud públicas.


Ni en el tema tributario ni en los otros ligados a la equidad la Concertación desplegó una política que apuntara a una mejor distribución. Optó por el gran capital. En efecto, durante sus años de gobierno el nivel de sindicalización y la negociación colectiva disminuyeron; los pequeños empresarios se encuentran acosados por préstamos usureros de la banca, incluido el Banco Estado; Santiago sigue siendo el monstruo que aplasta política y económicamente a las regiones; la economía sólo produce y exporta recursos naturales, el medio ambiente se encuentra subordinado al lobby de los grandes empresarios; los consumidores sufren cotidianamente la agresión de las tarjetas de crédito; los sistemas regulatorios son débiles; y las políticas sociales se focalizan en atender con escasos recursos la miseria mientras dejan en la vulnerabilidad a los sectores medios.


En suma, el crecimiento vigoroso y de las exportaciones en los últimos 20 años ha servido para acumular beneficios en algunos grupos económicos muy poderosos, nacionales y extranjeros, sólo en algunas regiones del país y con impactos negativos en el medioambiente. El riesgo de este modelo se encuentra a la vuelta de la esquina. Es éticamente inaceptable, socialmente insostenible, económicamente ineficiente y políticamente peligroso.



En el ámbito político, Lagos nos dice que Chile requiere más y mejor democracia, lo que obliga a un cambio en el sistema electoral y nuevas formas de participación. Pero ello es completamente insuficiente. La democracia efectiva exige, antes que nada, una nueva Constitución, porque la actual no atiende los derechos ciudadanos y además no fue plebiscitada por la ciudadanía, ni la que inventó Pinochet ni la que rubricó Lagos. Urge, entonces, una nueva Constitución, discutida y plebiscitada por la ciudadanía, con sistema electoral representativo, pero además con iniciativa popular de ley, autonomía de las regiones, equilibrio entre la autoridad parlamentaria y el Ejecutivo, entre otras.


Pero, además, nueva Constitución que le permita a los elegidos por el pueblo, intervenir en la economía, para que la política mande sobre los tecnócratas. Por tanto, hay que modificar el Artículo 19 de la Constitución que impide al gobierno desplegar iniciativas económicas. En suma, la insuficiente democracia actual requiere una nueva institucionalidad política que permita al ciudadano intervenir en los asuntos que le competen, en el barrio, el municipio, en la región y en el país, más allá de las elecciones periódicas. Exige elevar la participación ciudadana, ampliar el acceso a las comunicaciones y asegurar que la gente conozca y reivindique sus derechos. De una vez por todas hay que devolver el poder al pueblo.


El documento llama a una "revolución en la educación", "no obstante lo mucho que se ha avanzado". Sin embargo, una revolución no es continuidad sino transformación. Ello significa terminar con el lucro, colocar en el centro a la educación pública, revalorizar las universidades tradicionales, exigir decencia a las universidades privadas y restituir la enseñanza técnica.


La calidad de la educación, el término a la discriminación y las oportunidades para todos se resuelven en escuelas donde conviven ricos y pobres. Ello no es posible cuando la educaciónes un negocio, que enriquece a dueños de los colegios y universidades privadas mientras empobrece la enseñanza y suprime el pensamiento diverso. A su turno, las universidades tradicionales, cercadas por una política fiscal restrictiva, se ven obligadas a financiarse con elevados aranceles, compitiendo con las privadas en su agresión al presupuesto de las familias modestas. Mientras no se termine con el lucro no habrá avances en la educación.


Por otra parte, en los países exitosos la educación se planifica desde el Estado para no multiplicar profesionales sin oportunidades de trabajo y también para contar con efectivas carreras técnicas que abran espacios a la juventud. Ni lo uno ni lo otro existe en Chile. Sin planificación educativa y con INACAP entregado a la SOFOFA la juventud modesta que egresa de la enseñanza media no tiene más alternativa que optar a universidades de última categoría para terminar en el desempleo, después de cinco años de estudios y habiendo acumulado deudas gigantescas.


Cuando los estudiantes protestaron por el lucro y la mala calidad de la educación el gobierno Bachelet, en vez de acoger sus demandas, formó una comisión con conspicuos personeros de la derecha fundamentalista y religiosa. Así las cosas, las demandas estudiantiles culminaron en un manifiesto gatopardismo. Fue otra oportunidad perdida.


A propuesta del gobierno, con los votos de la derecha y la Concertación , la LOCE se convirtió en LGE, con las mismas escuelas bajo tuición de municipios frágiles y con la persistencia del subsidio a la demanda a favor de empresas que lucran con la educación.
Los estudiantes movilizados utilizaron las nuevas tecnologías de información y comunicación vía Internet, que tanto valora el ex Presidente Lagos, pero las mismas fueron inútiles ante la falta de voluntad política del gobierno para acoger sus demandas. La técnica es insuficiente cuando la política y economía son controladas por unos pocos, que responden a sus propios intereses y no a la ciudadanía. La democracia 2.0., a la que se refiere Lagos, necesita de otros políticos para que sea efectiva.

Existen varios otros temas en el discurso de Lagos, que alargarían la reflexión. Algunas ideas las comparto. La sociedad de garantías y obligaciones parece razonable, pero pone de manifiesto que la Concertación se equivocó cuando aceptó continuar con la política social de focalización propia del Estado subsidiario, en vez de recuperar las políticas universales. Valoro también en el documento de Lagos su compromiso actual con las energías renovables no convencionales y su renuncia a las termoeléctricas de carbón y a la energía nuclear. Su trabajo en Naciones Unidas parece haberle ayudado a cambiar de opinión.


El documento del ex Presidente presenta algunas ausencias. La más notoria tiene que ver con la transparencia y corrupción. Un proyecto estratégico para Chile no puede eludir los vasos comunicantes entre la política y los negocios, asunto preocupante en los últimos años. Si se desea fortalecer la institucionalidad democrática es preciso recuperar la decencia y denunciar sin contemplaciones a quienes utilizan la política para enriquecerse. Es un asunto ético, pero al mismo tiempo de relevancia política. En gran parte la decepción ciudadana sobre los políticos tiene que ver con ese tránsito indecoroso desde el sector público a los negocios privados que se observa en el último tiempo.

Finalmente, más allá de los conceptos, el documento de Lagos tiene dos pecados de método que me atrevo destacar. Primero, su nula autocrítica, sin la cual es difícil evaluar, con credibilidad, el presente y construir el futuro. Segundo, el énfasis en el diagnóstico prospectivo, el que resulta insuficiente si no está acompañado con propuestas de política que apunten a enfrentar los desafíos estratégicos identificados.

Sobre La Inseguridad Jurídica: Reflexiones Desde Lo Ético, Lo Político y Lo Social


La falta de seguridad jurídica en el Ecuador es un tema antiguo que se agudiza cada vez más por la inoperancia de los medios de control del Estado y de la Sociedad Civil. Lamentablemente, la inseguridad invade cada vez más la esfera pública y privada en detrimento de los contratos privados y cualquier otra modalidad de compromiso entre partes interesadas. El comportamiento ético se pervierte. La moral se relativiza. Los valores se materializan. El positivismo puro y frio se afianza.

Las acusaciones de corrupción se producen a diario y cada vez con mayor intensidad, por las dimensiones de las actividades productivas, más intensas y descentralizadas, y por los flujos de capital, cuyos montos en el mundo global alcanzan dimensiones nunca vistas en la historia de la humanidad.

En países del tercer mundo, la demanda de la India y la China caen como las primeras aguas de verano, por los incrementos de precios en productos agrícolas y petróleo. El Estado incrementa sus ingresos y el populismo aflora. Los nuevos ricos pululan. Algunos gobiernos reviven la experiencia de los años 70, con el incremento de los precios del petróleo: “plata fácil, gasto innecesario”. Otros actúan racionalmente y reducen las distancias con el primer mundo: “de países emergentes se convierten en EAGLES (Emerging and Growth Leading Economies), simplemente, invierten sus riquezas y siembran un futuro mejor y prometedor”

Los contratos y sus disposiciones, caminan por un lado y la aplicación de la justicia camina con su propio ritmo e intereses por el otro. Aquello de que los términos y condiciones de un contrato son considerados ley para las partes ha quedado en la pura teoría, cuando la doctrina y la ley caminan por rumbos distintos de la correcta aplicación de la justicia. El concepto de justicia mismo ha degenerado en un total y completo relativismo, donde el parentesco, la amistad, las influencias, los intereses creados, el poder político, y otros factores, condicionan para cada caso individual la interpretación y aplicación de la ley. Lo particular prima sobre lo general y las excepciones priman sobre la regla, y la sociedad civil muere de fatiga y dolor en el “peladero judicante”.

La descomposición moral de la sociedad civil se acentúa y la sociedad política se contamina y ambas repotencian la corrupción de la justicia, ya que las prácticas y procedimientos aplicados salen totalmente fuera de la institucionalidad formal, configurándose así un verdadero sistema de Insumo-Producto y retroalimentación eficiente, para el perfeccionamiento “cultural” de la corrupia corrupta. A la larga, la sociedad civil se sacrifica, se autoinmola.

En otro ámbito, respecto de la finalidad y operatividad de los contratos, en términos comerciales y económicos en general, la moda vigente consiste en buscar a toda costa y por todos los medios la caducidad de los mismos, antes que superar las posibles y normales controversias que se pueden suscitar en toda práctica comercial o financiera.

La práctica del arranche se impone y los bienes ajenos son codiciados con especial empeño.

Todo contrato es un instrumento convencional en función de una actividad humana que debe regularse, conforme a los términos y condiciones previstas en la ley, y de acuerdo al interés y conveniencia de las partes. Un contrato comercial, por ejemplo, pretende fijar los términos y condiciones generales y de conveniencia, en el marco de la ley, para que las partes realicen sus respectivos objetivos utilitarios, dando origen a la celebración del contrato y aplicación de los términos de conveniencia. En consecuencia, toda controversia o conflicto debería superarse en defensa y protección de los objetivos de las partes y no en interés de abogados, jueces y personal de los juzgados, o de alguna autoridad o poder político interesado.

Apelamos con vigor al slogan de campaña de Clinton: “Se trata de la economía estúpido, de la economía”.

En tal virtud, la vigencia y respeto de los contratos constituye uno de los principales pilares y sustento de nuestras democracias liberales representativas, pero como bien lo explica el Dr. Fabián Corral:

“Es uno de los principios más enunciados pero menos comprendidos y aplicados. Más aún, constituye una genuina aspiración de la sociedad. Pero, hay quienes dicen que la seguridad jurídica es una excusa para mantener el statu quo, y un argumento para defender privilegios y obstaculizar el cambio” (Fabián Corral, La Seguridad Jurídica. Diario El Comercio, 01 de febrero de 2008).

La seguridad jurídica se mide por la aplicación de la justicia en función del régimen o marco jurídico vigente en nuestras sociedades, y no necesariamente para defender privilegios mediante prácticas corruptas ya denunciadas, o reproducir relaciones de poder. Un régimen de derecho y vivir bajo un régimen de derecho, puede traer o no consecuencias perversas dependiendo del uso que se de al ordenamiento jurídico. Se trata más bien de la “cultura jurídica”, sustentada en lo que es éticamente correcto, la que moldea un comportamiento justo como antesala y sustento del ordenamiento jurídico. De no ser así, no tendría sentido aspirar a un verdadero régimen democrático, llámese democracia británica, parlamentaria o presidencialista, representativa o directa. Tampoco tendría sentido un régimen socialista, comunista o populista, puesto que, lo pervertido pervierte.

En consecuencia, atacar o condenar la norma per se o al orden jurídico per se no tiene sentido, puesto que la bondad del instrumento depende del uso del instrumento. Un bisturí no es un instrumento bueno o malo per se, y su uso y resultados dependen de la formación, experiencia y capacidades del médico; de su capacidad técnica y científica para sanar, y de su predisposición para hacer el bien.

En cuanto al aspecto doctrinario, la seguridad jurídica es un tema de producción reciente en los textos ecuatorianos, pero el problema no solamente se origina ahí. Sin embargo, el concepto podría estar mil veces consagrado y definido en la constitución y cuerpo de leyes, pero no habrá seguridad jurídica mientras no se valore y se interiorice el valor de la seguridad jurídica. Al respecto, por ejemplo, la existencia y reconocimiento de un derecho no necesariamente implica el goce pleno de ese o esos derechos, especialmente en el ámbito de los derechos económicos y sociales, ya no se diga en el ámbito de la administración general de la justicia. Se trata entonces del goce efectivo de un derecho y no del reconocimiento de un derecho. Se trata de sustentar, reconocer, implementar y aplicar la norma, y no de formularla simplemente.

Concuerdo plenamente con el Dr. Fabián Corral cuando afirma que:

“La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley” (Fabián Corral, La Seguridad Jurídica. Diario El Comercio, 01 de febrero de 2008)

De acuerdo. Pero el problema no radica solamente en la existencia o elaboración de las leyes, sino más bien en el análisis perverso del costo-beneficio por infringir la ley o aplicar criterios equivocados para beneficiar una de las partes, “interpretando” la ley. Nuevamente, regresamos al concepto de ciudadano “virtuoso” del que hablaba Montesquieu para que un sistema de equilibrio de poderes funcione y una existencia plena en derecho se haga realidad; “Creer en el estricto cumplimiento y apego a la ley”.

En definitiva, es la ética de la sociedad civil el sustento moral de la sociedad política o sistema político-administrativo, y eso incluye al poder judicial, como uno de los principales poderes del Estado.

HARRY MARTIN ANTONIO DORN HOLMANN

Director Académico de Carrera

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales

Universidad de Los Hemisferios
Paseo de la Universidad Nro. 300 y Juan Díaz (Urbanización Iñaquito Alto) (5932) 17008436473 (Ext.224)

La Integración Mediterránea

Karl Schiller, ministro de economía del nuevo gobierno socialdemócrata en la República Federal de Alemania a finales de los años sesenta, colaborador del flamante canciller Federal Willy Brandt; se distinguió como profesor en la cátedra de economía y le dio un nuevo impulso al manejo de la economía alemana durante los siete años que estuvo al frente de esta cartera de gobierno.

Hombre de buen gusto, moderno, objetivo y preciso, fue solicitado como asesor por algunos países del Golfo, y en especial por Arabia Saudita. Hombre calculador y prudente, Schiller recomendó un proceso de industrialización paulatino con el desarrollo paralelo de obras de infraestructura económica y social, para no ahogar las instalaciones portuarias y las ciudades, que debían dar cabida a toda una población de obreros, técnicos, empleados y ejecutivos, venidos de todas partes, para trabajar en las nuevas industrias, construcción de viviendas, construcción de carreteras, nuevas fuentes de energía, refinerías, y toda una gama de instalaciones industriales que los países desarrollados de Oriente y de Occidente proponían a los gobiernos del Golfo. Hubo ciudades que multiplicaron por cien su población en un periodo de diez años.

Schiller concluyó que la sola industrialización y desarrollo de infraestructura no eran suficientes, y que más bien, el alcance de tales objetivos y metas podrían ser causa de desequilibrio y tensiones importantes, si no se implementaban planes de educación, formación y capacitación del pueblo árabe para que asumieran la conducción y mandos medios en la industria moderna. Era necesario capacitar la nueva mano de obra, formar a los nuevos técnicos y preparar a los dirigentes y líderes que reemplazarían al numeroso recurso humano importado desde otros países.

La siembra del petróleo, recurso natural cuyas reservas se agotarían algún día, tenía que ser invertido en el desarrollo humano de los pueblos árabes, y no en los ya famosos “petrodólares”, los cuales perdían constantemente su valor real por efectos de la inflación y el colapso del patrón monetario internacional a raíz del cierre de la ventanilla oro de Estados Unidos, ordenado por el Presidente Nixon. De ahí la necesidad de dosificar la producción en función de las inversiones generadoras de conocimiento y fortalecimiento tecnológico, lo que llevó a una reducción de la extracción y exportación de petróleo al menos durante aquellos años.

El Ministro Schiller, un planificador y un técnico visionario de largo plazo, era partidario de la formación de un ciudadano árabe común, preparado para entender y participar activamente en la vida económica y política de sus países. Se hacía necesaria una formación con base en las ciencias sociales que les permita a médicos, ingenieros, biólogos, físicos, agrónomos y otros, incidir en la conducción política y estructuración de sus instituciones políticas.

El ciudadano común debía protegerse contra los abusos del Estado y diseñar los mecanismos institucionales para que el Poder frene al Poder. El desarrollo y compromiso con las organizaciones intermedias era uno de los pasos importantes que podían concretarse en el mediano plazo para que los grupos de interés estuvieran debidamente representados, y sus dirigencias debidamente controladas y evaluadas en su desempeño, para no caer en las garras de la burocratización y corrupción de las organizaciones políticas.

Para ello, alcanzar la racionalidad política y económica, implicaba, entre otras cosas, reducir la distancia entre gobernantes, partidos políticos y gobernados, mediante una interrelación estrecha entre todos los actores sociales, involucrando organizadamente a todos. Pero para eso, era indispensable una comunidad civil y política educada, con capacidad de dialogar, negociar, y lograr consensos.

Durante los últimos sesenta años, el determinismo científico y el fatalismo histórico en Europa era ya cosa del pasado, pese al universalismo latente, pero no determinante. El ser humano se concebía en la capacidad de forjar su propio destino tomando decisiones inteligentes y sabiendo definir exactamente el futuro de sus comunidades. De ahí el rechazo a toda forma de autoritarismo y promoción de la cooperación hasta el más alto nivel de la integración política. Mayo del 68 fue una de las grandes manifestaciones de ese rechazo al autoritarismo y defensa de las igualdades democráticas, como reconocimiento de esa capacidad aristotélica de autorrealización que tiene el hombre, utilizando el poder de la razón y su libertad para escoger su propio bien, así como la facultad de conocer y practicar la virtud, como medio de alcanzar nuestra felicidad. “No se trata de observar la historia, pues somos artistas de nuestro propio destino”, era el mensaje.

Contrario a la trayectoria y éxito europeo después de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, la economía y la política en Irán y en los países árabes tomo un rumbo diferente, donde la democracia brilla totalmente por su ausencia. Se instalaron los gobiernos de orientación islámica radical, las monarquías tradicionales, o los gobiernos de facto, como el de Libia y el dictador Gadafi. Los países árabes continúan siendo extraordinariamente ricos en recursos, con una población mayoritariamente pobre, niveles de educación extremadamente bajos, y las grandes asimetrías que se observan entre las construcciones fastuosas, desarrollos hoteleros y comerciales magníficos, en un entorno de subdesarrollo y atraso.

En el norte de África y Medio Oriente el maquiavelismo arribista y deshumanizado está presente, los gobiernos se instalan y perennizan en el poder, fomentando una exclusión mezquina y el servilismo de los seres humanos, mediante el uso de la fuerza y de la maquinaria militar proporcionada por los máximos “defensores de la democracia”. Ironía de las ironías: la historia se repite.

Surgen las revueltas en Túnez, Egipto, y hoy con mucha fuerza en Libia, y la gran integración mediterránea vuelve a la palestra como información de primera plana. Surge una nueva oportunidad para los países y pueblos árabes, esta vez promovida desde la Unión Europea que persevera inteligentemente en la estabilidad política y económica de la región, como parte de su geopolítica estratégica. Se habla ya de grandes inversiones, ambiciosos planes de desarrollo, canalización de recursos al estilo Plan Marshall, y grandes instalaciones industriales de todo tipo. El Presidente de Francia se pronuncia decididamente a favor de esta cooperación, e insta a los países europeos a participar en esta gran cruzada de integración de sus vecinos mediterráneos del sur.

¿Cuál será el resultado de todo esto? No lo sabemos por el momento. Los que sí están preparados son los grupos interesados y arribistas que se lamen y relamen preparados para el gran banquete, con la nueva generación de Shas y monarcas decadentes ya seleccionados y sentados a la mesa. Esta vez, esperamos que los pueblos árabes hayan aprendido de la experiencia de Grecia, Portugal y España y de los enormes beneficios generados por la integración y democratización de esos países. Con todas sus fallas, los resultados de la integración europea están a la vista.

No obstante lo anterior, se sobreentiende que los países árabes tendrán que tomar en cuenta sus diferencias religiosas y culturales, aprovechar las posibilidades y ventajas de la modernización sin caer necesariamente en la occidentalización. Los modelos y procesos de integración no son más que eso: modelos. Los países deben interpretar y adaptar dichos modelos a sus propios intereses y conveniencias, donde las redes sociales desempeñan una importante labor de dirección y control de la gestión gubernamental. En efecto, las fuerzas y los intereses universalistas continuarán presentes, dentro y fuera de los países árabes y de Irán, donde el doble discurso y la doble moral afloran nuevamente, tal como ha ocurrido en épocas pasadas. Basta con recordar el caso de Saddam Hussein, de la familia Somoza, de Noriega, del dictador Pérez Jiménez y otros gobernantes de facto que fueron bienvenidos, fortalecidos, maldecidos y abandonados de acuerdo a los intereses y oportunidades del momento. El propio Pérez Jiménez fue condecorado y recibido en Washington días antes de iniciarse la revuelta que terminó con sus años de tiranía y el Sha de Irán fue colocado, destituido y restaurado en el poder para condenarlo luego a un prolongado periplo de destierro hasta su muerte.

Pero como dice la sabiduría popular, la oportunidad es calva, y hay que aprovecharla. Pero hay que saber aprovecharla. De no ser así, ¿podrán los árabes esperar otros cuarenta, cincuenta o cien años?

HARRY MARTIN ANTONIO DORN HOLMANN

Director Académico de Carrera

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales

Universidad de Los Hemisferios
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Quito – Ecuador

A Propósito de Intereses, de Valores e Integridad

HARRY MARTIN ANTONIO DORN HOLMANN

Director Académico de Carrera

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales

Universidad de Los Hemisferios

Muchos compartimos la opinión que la política exterior de Estados Unidos ha estado llena de contradicciones y que la visión cortoplacista de los funcionarios que la han manejado ha tenido consecuencias funestas para la nación americana. Acepto en parte el argumento del aislamiento en el cual se mantuvo ese país durante muchísimos años; pero hoy en día la realidad es otra, y la dualidad política o el doble discurso, ha significado grandes beneficios para la industria nacional y grandes pérdidas para la nación americana y el mundo.

Alrededor de 1930, la participación directa de la infantería de marina en el conflicto Nicaragüense en contra de Augusto César Sandino duró algunos años. Luego el gobierno norteamericano apoyó decididamente al Régimen Somocista hasta la llegada del presidente Carter al poder y la caída de Anastasio Somoza D. en 1979. Estados Unidos de Norteamérica participó activamente en la organización de la Guardia Nacional de Nicaragua; ellos fortalecieron el régimen dictatorial Somocista y ellos mismos tuvieron que darle las espaldas cuando la inseguridad y la inestabilidad se apoderaban de la región centroamericana. Una guerra prolongada de desgaste la azotó con grandes pérdidas humanas por los continuos bombardeos y fuerte represión a civiles y guerrilleros, a pacifistas y combatientes.

En Vietnam fue evidente también el apoyo logístico que se le suministró a ese país para combatir a los japoneses antes y durante la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que después tuvo durante el conflicto que inició nuevamente en la década del sesenta y sus repercusiones negativas para Estados Unidos, antiguo aliado de los mismos vietnamitas.

En Irán se repite la historia. Ya organizada la CIA se prepara un golpe de estado para restituir en el poder al Sha, quien se había asilado anticipadamente en Italia ante una posible conspiración en su contra. Los intereses petroleros eran demasiado grandes para dejar esa área bajo la influencia soviética, razón por la cual se fortaleció y modernizó al Monarca y al país bajo la tutela de la bandera americana.

Cuando los movimientos de oposición fueron incontenibles y respaldados por el islamismo radical, entonces hubo que ceder ante lo inevitable, y así, con el mismo poder

de la riqueza petrolera y las mismas armas proporcionadas por Estados Unidos, Irán se lanzo en una guerra de diez años contra su vecino Irak, gobernado en esa época por el entonces aliado de Estados Unidos, nada menos que Saddam Hussein.

Saddam Hussein, fortalecido, armado, apoyado y respaldado primero por los mismos norteamericanos en su guerra contra Irán, tuvo luego que ser combatido, destituido, apresado, juzgado y ahorcado por los presidentes Bush padre e hijo. Y así, la historia se repite con el General Noriega en Panamá, con los rebeldes en Afganistán para combatir a los rusos y luego destronarlos a ellos mismos, para continuar con una ocupación armada que dura hasta nuestros días después de casi diez años.

¿Simples contradicciones, miopía cortoplacista, ingenuidad, errores estratégicos, o es que los norteamericanos a lo largo de la historia han sido más inteligentes que nadie y no nos hemos dado cuenta, porque los resultados “reales” no están a nuestra vista? ¿O simplemente apoyan a los malos, para que se conviertan en sus propios enemigos cuando son ya más poderosos? Absurdo. Hay algo más estructurado al respecto, lo veremos más adelante.

Está claro que a veces la suerte o el azar juegan a favor y este fue el caso en la primera etapa del proceso en Irán. La CIA consiguió lo que quería (recuperar el poder para el Sha) un poco sin saber cómo, debido a la recién organizada “Compañía”. También es cierto que la “Rentabilidad en el Corto Plazo” tiene prioridad tanto en las grandes empresas como en los intereses del gobierno norteamericano. Los errores estratégicos fueron enormes en el caso de la guerra de Vietnam, tanto en el manejo externo del conflicto como en el manejo interno de la guerra. Pero, lo que sí ha existido, ha predominado, se ha promocionado y se ha defendido siempre, es un alto sentido de identificación con los intereses de la nación americana, sean o no acertadas las estrategias que se hayan implementado en los diferentes momentos históricos de cada conflicto. El macro-objetivo ha sido aparentemente el mismo, aunque en la manera de conseguirlo o alcanzarlo se puede haber fallado, y los beneficios y costos hayan sido injustamente distribuidos.

¿Cómo estarían las cosas en este momento si norteamericanos y británicos hubieran incorporados intereses rusos, franceses y alemanes dentro de una estrategia diferente para la limpieza y recuperación de Irak? ¿Cómo habría variado el nivel de legitimación de esa intervención si se hubieran incorporados elementos de cooperación e impulso al desarrollo y democratización de Irak, tomando en cuenta variables religiosas y culturales?

Lo que sí queda claro, al menos para mí, es que la estrategia del “Domino” puede haber funcionado, pero no siempre, y que un mundo globalizado como el de hoy, requiere de otro tipo de estrategias, más globales o de tipo “sistémico”, donde la cooperación se impone, más por necesidad que por conveniencia, ante un fenómeno generalizado de aspiraciones democráticas y soluciones a los problemas de narcolavado, narcotráfico, terrorismo y pobreza mundial. De lo contrario, tal como sucede actualmente en Irak, después de tantos años, la respuesta no ha sido ni será, ni oportuna ni apropiada.

América debe recuperar y reencontrarse con la América del mismísimo Tocqueville, teórico francés del siglo XIX, quien decía, que si se prefiere una sociedad próspera, en vez de buscar gloria y poder para el Estado se debe conquista bienestar para cada uno de los miembros de la comunidad. Hoy en día, esto valdría tanto para la comunidad nacional como internacional, para la política interna y para la política externa.

En tal caso, y si de eso se trata, entonces hay que luchar por la igualdad y construir gobiernos democráticos, y no promover dictaduras militares o regímenes totalitarios, cualquiera que sea su fuente de legitimidad. En una sociedad de este tipo, donde la igualdad es la ley y la democracia la principal característica del Estado, no hay duda que el objetivo prioritario es el bienestar de las grandes mayorías.

En tal virtud, no somos partícipes de una estrategia o una política que por sus resultados se califique como virtuosa o no virtuosa, al más puro estilo de Maquiavelo, ni estamos de acuerdo en que las partes (o la contraparte) tiendan un puente y faciliten cualquier tipo de cooperación, ya sea por ambiciones políticas personales o por intereses económicos corporativos excluyentes, con la colaboración o en alianza con las élites locales irresponsables. Resulta peligroso y anacrónico aplicar políticas al estilo realista o hiperrealista de corte hobbesiano, legitimando el uso de la fuerza, el juego de suma cero y la implantación de un estado de guerra permanente. Hoy en día, resulta absurdo y anacrónico tratar de defender regímenes absolutistas como única opción de organización social, promoviendo una situación de “guerra de todos contra todos” bajo temor constante y peligro de muerte violenta, como sustento de un poder que imponga respeto sobre todos sus súbditos.

En la actualidad, el sistema internacional se caracteriza por una intensa interacción entre sus actores y una interdependencia cada vez mayor y compleja entre sus miembros. Bajo tales condiciones, resulta peligroso y destructivo impulsar políticas excluyentes (“Los intereses de un Estado excluyen los intereses de otro”, escribía Hedley Bull en su obra: The Anarchichal Society: a study of order in World Politics), promoviendo la fuerza y conduciendo los Estados hacia un conflicto inevitable y destructivo. Los Estados no se rigen por la fuerza, pero pueden ser inducidos a relaciones de poder que se rigen por la fuerza.

El mundo global exige la solución de sus problemas y amenazas, bajo el paraguas de una sociedad de Estados conscientes de intereses y valores comunes, orientados por un conjunto de reglas y finalidades específicas y compartidas, que regulen sus relaciones mutuas, limiten sus comportamientos, compartiendo la gestión y el funcionamiento de todas las instituciones y organizaciones creadas para el efecto.

Lamentablemente, la Organización de Naciones Unidas se presenta nuevamente en Libia ante los hechos consumados, tal pájaro de mal agüero para imponer la democracia, después de 40 años de totalitarismo y corrupción, donde unos pocos se reparten las utilidades, y los muchos se reparten las pérdidas en vidas y en recursos, sin contar con las consecuencias a futuro que ya se comienzan a ver y sentir.

¿No sería más inteligente prevenir que lamentar? ¿No es más beneficioso invertir en democracia que forjar dictadores y ahorcar tiranos? Los países poderosos y las economías centrales deben aprender, que las políticas realistas e hiperrealistas resultan más caras y perjudiciales, porque a la larga, es el mundo global quien termina pagando la factura de tanta destrucción y matanza. Resulta decadente y perverso que en pleno siglo XXI, para cada cambio o rectificación, tengamos que poner nuevamente en marcha la guillotina o la muerte lenta.

EL TERREMOTO NO ES UNA CATÁSTROFE ECONÓMICA



MOISÉS NAÍM

Los japoneses son diferentes. Es tan imposible no conmoverse con las imágenes de sufrimiento y destrucción que nos llegan de Japón como lo es no sorprenderse con el estoicismo de las víctimas. Mientras que en otros países las escenas que siguen a una catástrofe suelen ser de pánico, desorden y saqueos, en Japón vemos largas filas de gente esperando en calma atención médica o comprando alimentos. Y rostros que reflejan un inimaginable dolor, que no se expresa con estridencias. Los japoneses merecen la admiración y la solidaridad del mundo.

Los mercados financieros también son diferentes. Pero de otra manera. Están apostando a que la economía japonesa se recuperará antes de lo que las imágenes de la devastación podrían hacer pensar. También apuestan a que el impacto financiero en otros países será menor y que los efectos económicos a largo plazo no serán significativos.

Menos de una semana después del terremoto y del tsunami, con las plantas nucleares aún incendiándose y la Bolsa nipona en caída, los fondos de inversión internacionales especializados en comprar acciones de empresas japonesas recibieron volúmenes récord de dinero: en esa semana los inversores depositaron 956 millones de dólares, cuando la semana anterior al terremoto el monto había sido de 180 millones.

Lo mismo pasó con la moneda. Días después de la tragedia, el yen alcanzó su nivel más alto desde la II Guerra Mundial. Una moneda tan fuerte tiene efectos muy perniciosos para las exportaciones del país y causa múltiples desajustes internacionales. Por eso los bancos centrales de los siete países más ricos intervinieron con gran eficacia en los mercados de divisas, logrando estabilizar la moneda japonesa. Esto también fue una novedad: la intervención coordinada de los bancos centrales no ocurría desde hace más de una década.

El fortalecimiento del yen se debe a que los mercados anticiparon una masiva repatriación de capitales japoneses depositados en otros países y monedas. Como este dinero tendrá que retornar para financiar la reconstrucción, aumentará la demanda de yenes. Suponiendo que esto elevaría el valor de la moneda, los especuladores se lanzaron a comprar yenes. Pero en este caso algunos perdieron: la intervención de los bancos centrales impidió que la divisa nipona siguiera subiendo.

Quienes probablemente no van a perder son quienes han apostado a la rápida recuperación de Japón. Si bien este accidente fue devastador, el estimado más alto de sus costes es de 300.000 millones de dólares, y la mayoría de los analistas lo sitúa más bien en 200.000 millones de dólares. Esta cifra equivale solo al 4% de la actividad económica japonesa y al 1% de la riqueza del país. El columnista Martin Wolf recuerda que, en Japón, la crisis financiera mundial tuvo un impacto equivalente al 10% de su economía. Si bien las imágenes que vimos en Japón después de la crisis financiera no tuvieron el dramatismo de las que ahora observamos, la realidad es que el crash de 2009 afectó a un número mucho mayor de japoneses.

El otro cálculo que están haciendo los mercados financieros es que la recuperación de Japón será tan veloz como la que se ha registrado en otras catástrofes. Garry Evans, del banco HSBC, estudió los impactos financieros de los terremotos de Kobe (Japón) en 1995, Taiwán en 1999, Chile en 2010 y los ataques terroristas de 2001. Encontró que tras una caída inicial, las respectivas bolsas de valores se recuperaron a su nivel precatástrofe entre 23 y 78 días después, y 100 días más tarde estaban por encima de ese nivel. Además, las economías afectadas por estos desastres crecen gracias al estímulo de las inversiones destinadas a la reconstrucción. En 2010, Chile sufrió un devastador terremoto y creció al 5%.

Obviamente la tragedia de Japón tiene otros efectos negativos, ya que allí están los eslabones críticos de muchas de las cadenas de suministro de las que depende la industria mundial, y ahora esos nódulos están parados. Las aseguradoras sufrirán y el futuro de la industria nuclear está en cuestión. A esto último también le apuestan los inversores: el precio del uranio ha caído un 30%.